domingo, 9 de junio de 2013

Pensiones: ¿demografía o lucha de clases?


Público.es


Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.
Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?
Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.
Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.
Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.
Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para "demostrar" lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060.... Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.
Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.
En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.
En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.
Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.
Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.
Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.
Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.
Pongamos un ejemplo muy fácil.
Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.
Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).
Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.
Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.
Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.
En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.
Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

domingo, 12 de mayo de 2013

Los petrodólares se fijan en España


Fuente: la voz de galicia, 


Gobiernos árabes controlan tres grandes empresas españolas y tienen acciones en dos más

3 votos
Tienen dinero a mansalva. Tanto como para pagar el rescate a la banca española en solo 40 días. Así, en ese santiamén podrían reunir los 40.000 millones de euros que le han prestado a España los socios europeos para sanear las finanzas privadas a cambio de sangre, sudor y lágrimas. Pero esa no es su labor. Su objetivo es invertir en negocios estratégicos y florecientes para obtener más poder y ganancias. El oro negro reporta a los países árabes unos ingresos diarios de unos 1.000 millones. Dinero del petróleo a espuertas que ha servido a esos Gobiernos para aterrizar en algunas de las principales empresas energéticas de España. Eso sí, siempre desde la discreción y el sigilo. Por eso, muchos se quedarán boquiabiertos cuando lean que la Compañía Española de Petróleos, o sea, la mítica Cepsa, hace tiempo que ha dejado de hacer honor a su nombre y que el 100 % de su capital es del Gobierno del emirato de Abu Dabi, que se hizo con el control total de la compañía en agosto del 2011 a través de IPIC (International Petroleum Investment Company). Esta sociedad, constituida en 1984, está especializada precisamente en inversiones en el sector energético extranjero. También está presente en el accionariado de Energías de Portugal (EDP).
El caso de Cepsa es el más extremo. Pero no es único. Sociedades árabes tienen el control de otras dos compañías españolas del sector de la energía, Iberdrola y CLH, y están presentes en dos más, Enagás y Gas Natural Fenosa.
Abu Dabi: En Cepsa y CLH
El emirato de Abu Dabi es accionista único en Cepsa y a través de esta empresa controla el 14,15 % del capital de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que tiene el monopolio en España en el almacenamiento, transporte y distribución de combustible.
Catar: En Iberdrola
El mismo año 2011 en que Abu Dabi lanzaba una opa sobre Cepsa (expulsó a la francesa Total), el vecino emirato de Catar le echó el ojo a la eléctrica vasca por excelencia, Iberdrola, y se hizo con el 6,3 % del capital. En los últimos meses se ha convertido en el accionista mayoritario con el 8,3 %. ACS mantiene el 6,2 %; Bankia, el 5,2 y Kutxabank, 4,9 %.

Omán: En CLH y Enagás
El sultanato de Omán entró con el 5 % en Enagás, el gestor técnico del sistema gasista y transportista único de la red troncal primaria de gas natural en España. En la actualidad mantiene ese mismo porcentaje; es el socio mayoritario junto a Kutxabank, que dispone de otro 5 %. Además, Oman Oil es el segundo dueño de CLH con el 10 % del capital.
Argelia: En Gas Natural Fenosa
La empresa estatal argelina Sonatrach, o Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures, aumentó recientemente su participación en el capital de Gas Natural Fenosa (GNF) al pasar del 3,8 % al 4 %. Su peso está muy alejado del que mantienen los auténticos dueños de GNF: La Caixa, con un 35 % de las acciones, y Repsol, con el 30 %. Pero los lazos de Sonatrach con la compañía galaico-catalana van más allá de quién manda en los consejos de administración, pues acaban de firmar un contrato de suministro de gas durante casi dos décadas. Comparten, además, el proyecto del Medgaz, el gasoducto que unirá España con Argelia, en el que también participa Cepsa. Iberdrola y Endesa acaban de vender sus participaciones en esa infraestructura a favor de Cepsa y Sonatrach.
Los tentáculos árabes acaban, de momento, ahí, en las grandes empresas del sector energético, entre las cuales se encuentran Endesa, Repsol y Red Eléctrica. La primera está en manos de la compañía pública italiana Enel, que posee el 92 %; las dos últimas son todavía españolas. El principal accionista de Repsol es Caixabank, con el 12,9 % del capital, aunque un fondo de Singapur (Temasek) posee el 6,293 % de la petrolera. Por encima de él están Sacyr (9,5 %) y Pemex (9,4 %). Red Eléctrica es en un 20 % propiedad aún de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.


jueves, 7 de marzo de 2013

Dictadura en Europa


Publicado en Sistema Digital el 28 de febrero de 2013
No habían pasado ni veinticuatro horas del cierre de las urnas en Italia cuando Angela Merkel dictó lo que hay que seguir haciendo allí. El portavoz de su partido afirmó que sea cual sea el gobierno que se forme sólo admitirá un camino a seguir, el de las reformas de Monti. Y su ministro de Economía ha reiterado que no hay más alternativas que las medidas que llevaba a cabo el presidente-banquero que ahora acaba de perder estrepitosamente las elecciones.
No hay forma más clara de señalar que lo que hayan dicho los ciudadanos a través del voto le importa un rábano a quienes hoy día han convertido Europa en una dictadura de facto.
En Europa se está desmantelando la democracia y es lógico que esto esté ocurriendo. Es la única manera que tienen las autoridades de garantizar que se puedan seguir aplicando políticas cuyo fracaso  es indisimulable si no es para beneficiar a una minoría muy poderosa que vive de un modelo social muy desigual e injusto.
El informe de invierno que hace unos días presentó el comisario de Economía, Olli Rehn, demuestra claramente que los resultados de las políticas que se vienen imponiendo son totalmente distintos a los que dijeron que se iban a conseguir cuando las anunciaban como nuestra salvación. Todo es al revés de como habían previsto: el crecimiento es menor, el paro ha aumentado, los bancos no financian, las empresas siguen cerrando, el déficit y la deuda crecen y en lugar de recuperarse, la economía europea entra en recesión.
Los daños sociales que esto ocasiona aumentan en todos los países sin excepción. Los indicadores que Eurostat, la oficina de estadística europea, ha presentado esta semana muestran que ya casi uno de cada cuatro europeos (24,2%) y un 27% de los jóvenes menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social. Porcentajes que son terriblemente más altos en algunos países de la Unión, como Bulgaria (49,1 y 51,8%), donde la gente en la calle acaba de derribar al gobierno. Y que alcanzan proporciones siderales cuando se dan en familias de bajos niveles de estudios. En este caso, el porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza monetaria en el conjunto de la Unión es del 49,2%, y del 76.2% en Chequia o del 78.3% en Rumanía. Incluso en países que siempre habíamos considerado la vanguardia del progreso está empezando a ser desorbitada la pobreza infantil y juvenil en familias con bajo nivel de estudios: 54.4% en Suecia, 52.5% en Francia o 55.1% en Alemania . Lo único que avanza en Europa es la concentración de la renta y el peso de las rentas del capital en el conjunto de los ingresos.
Y el problema mayor que todo esto está produciendo es que el deterioro económico está dejando de ser coyuntural. Estamos a punto de cruzar una frontera a partir de la cual los daños, en forma de destrucción de tejido empresarial, de empleo, de innovación y de capital físico, social, investigador y humano para la inversión futura, serán irreversibles. Por eso es dramático que los líderes europeos se cierren en banda ante cualquier atisbo de reforma que no sean las que ellos pregonan como representantes de los grandes capitales, cuyos negocios ayudan a gestionar ya sea en el ámbito público o en el privado a través de las puertas giratorias que tan bien funcionan bajo su mandato.
Alemania está cometiendo con Europa el mismo error que cometieron con ella los países europeos que la vencieron en la Primera guerra mundial. Entonces, se le impuso una política de reparaciones que creó el demonio que años más tarde incendió a todo el continente y ahora los alemanes se empeñan en imponer una política de austeridad que no solo es injusta y torpe sino que es imposible que pueda ser exitosa. De nuevo prenden fuego a Europa.
Los reclamos alemanes para que los demás países sigan reduciendo salarios y exporten cada vez más son sencillamente estúpidos. Es materialmente inviable que todos los países se especialicen de la misma forma y que todos puedan tener ventajas si se dedican a desarrollar la misma estrategia. Es un engaño porque oculta que así solo se benefician las grandes corporaciones exportadoras a costa de empobrecer a todo el mercado interno europeo. Y el empeño en reducir gastos públicos es paranoico porque lo que de verdad genera cada día más deuda son los intereses por culpa de un banco central europeo que no lo es.
Lo impresionante, sin embargo, es que no haya reacción potente de los gobiernos europeos de países que contemplan cómo esta estrategia hunde sus economías y destroza a sus sociedades. Incluso el de una gran potencia como Francia la asume sin apenas rechistar. España tiene peso suficiente en Europa como para forzar cambios, pero ni siquiera se intenta. Y así uno detrás de otro, pues no parece que al nuevo gobierno italiano se le vaya a dar mucha capacidad de maniobra.
Las imposiciones de Merkel y del capital alemán son ya mucho más que un empeño ideológico. No vale con recurrir otra vez al santo temor alemán a la inflación o a su concepto pecaminoso de deuda. Son sus políticas las que alientan un poder de mercado que arrasa con el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las familias europeas o quienes imponen un banco central que es la fuente real del incremento de los déficit y la deuda.
Lo que hay detrás de todo esto es la decisión de salvaguardar el poder financiero por encima de cualquier otra voluntad y la voluntad firme de saltarse a la torera las preferencias de los pueblos, y de obviar lo que dicen en las urnas. Pero vamos a dejarnos de disimulos. Eso lo hemos conocido en Europa y se llama dictadura.

Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
http://juantorreslopez.com/impertinencias/dictadura-en-europa/

lunes, 14 de enero de 2013

7>5


Hoy es un fabuloso negocio, sobre todo en España, donde estamos pagando un déficit de tarifa que convierte el suministro en uno de los más caros de Europa, con mucha diferencia. Pero ¿qué es el déficit de tarifa? Puedes
saberlo, a través de una simple presentación animada.


viernes, 7 de diciembre de 2012

¿Cuantos Starbucks tenemos?


Starbucks cede a la presión popular y política y pagará más impuestos en Reino Unido


  • La filial británica de la compañía estadounidense anuncia que renunciará a varias deducciones fiscales y pagará más impuestos.
  • Había sido acusada de evasión fiscal en la prensa y los consumidores comenzaron campañas de boicot; el parlamento interrogó a uno de sus directivos.
  • La Comisión Europea recomendó a todos los Estados miembros introducir en sus regímenes fiscales nacionales una "cláusula anti-abuso"





      GOOGLE:   EN ESPAÑA ESTAMOS IGUAL

     APPLE:    EN ESPAÑA ESTAMOS IGUAL

     FACEBOOK

     MICROSOFT


     ETC.

     ETC.
     

Gigantes tecnológicos, enanos tributarios






     Y un largo etcéteras de casuísticas, y es que "parece" que las leyes fiscales "se hacen a medida" de algunos.